IDEARIO DEL
PARTIDO RADICAL-SOCIALISTA.
Publicado el 6 de Junio de
1931, en el diario zaragozano REPÚBLICA
Organización del Estado.
Instauración de una República
democrática, con un presidente revocable plenamente responsable.
Creación de una Cámara
legislativa, única, elegida por sufragio universal, secreto y directo para todos
los ciudadanos mayores de veintitrés años, sin distinción de sexo.
Supresión del Senado,
sustituyéndolo por un organismo meramente consultivo, de carácter representativo,
de dictamen obligado en los casos que le asigne la Constitución o estime
pertinente el Gobierno.
Representación proporcional. Libertad
absoluta de palabra, de Prensa, de reunión y de asociación, garantizados por la
Constitución como derechos inviolables.
Establecimiento del
"referendum" y del derecho de iniciativa para que el pueblo pueda
participar directamente en la legislación del país.
Autonomía de las regiones
naturales, tan amplia como su desenvolvimiento y capacitación política lo
permitan.
Plena autonomía municipal y
creación del patrimonio comunal.
Retribución de todos los cargos
electivos.
La paz y la guerra no
dependerán del jefe del Estado y tendrán que someterse al voto de la nación,
así como la revisión constitucional.
Regulación del derecho a
reclamar contra la anticonstitucionalidad de las leyes y preceptos
administrativos.
Inalienabilidad de la propiedad
pública, y, eventualmente, revisión de todos los contratos que hayan enajenado las
propiedades de la nación o los servicios públicos (minas, teléfonos, ferrocarriles,
etc.).
Reforma de la ley de Prensa, de
la ley de Orden público y abolición de la ley de Jurisdicciones. Sumisión a la
jurisdicción del Tribunal Internacional Permanente de todos los asuntos que
sean de su competencia.
Sometimiento de las diferencias
internacionales al arbitraje de la Sociedad de Naciones.
Justicia.
El P. R. R. S.
propugnará una concepción nueva de la Justicia, considerándola como un servicio
a cargo del Estado, nunca como un poder, y en este sentido abogará por su
desprofesionalización, recabando la implantación del Jurado para los asuntos civiles
y criminales y la gratuidad de la Justicia en todos sus órdenes. Forman,
además, parte de su programa en el orden judicial:
Igualdad civil para los individuos
de uno y otro sexo.
Igualdad civil de les hijos.
Investigación de la paternidad.
Ley de divorcio.
Magistratura electiva y
temporal.
Modificación, en un sentido
amplio, de las garantías debidas a le defensa.
Supresión de las cargas,
privilegios y monopolios judiciales.
Reparación moral y pecuniaria a
las víctimas de los errores policiacos y judiciales.
Supresión de la Jurisprudencia
del Tribunal Supremo, como fuente de derecho.
Prohibición de los tribunales
especiales.
Supresión de los consejos de
guerra en tiempos de paz.
Derogación del fuero de
atracción para los tribunales de guerra.
Simplificación de las normas
judiciales, eliminando lo que aún resta de inquisitivo en nuestras leyes, para reducir
el procedimiento a la forma acusatoria, separando la pesquisa policial de la instrucción
del sumario.
Supresión del sumario secreto.
Aumento de los casos de
revisión.
Proscripción de toda finalidad
retributiva y expiatoria en el Código Penal, propugnando un sistema preventivo y
correccional.
Reducción de las penas de
privación de libertad.
Abolición de la pena de muerte.
Limitación de la prisión
preventiva.
Reforma del sistema
penitenciario.
Desarrollo de las penitenciarías
agrícolas.
Fijación de salarios mínimos
para los trabajos hechos en los correccionales.
Política eclesiástica.
Separación de la Iglesia y el
Estado. Supresión del presupuesto de Culto y Clero. Sometimiento del Clero al
derecho común.
Incautación por el Estado de
los bienes de la iglesia y de las corporaciones religiosas. Hasta tanto se
llegue a ello, supresión de las exenciones tributarias que gozan dichos bienes.
Invalidación en el orden civil de los votos religiosos.
Administración pública.
El Partido R. R. S.
estima que la organización de nuestra administración pública, moldeada sobre supervivencias
políticas de las monarquías absolutas, debe estructurarse de manera distinta.
El burocratismo jerárquico,
monstruosamente formalista y ritual, en que la antigüedad en los escalafones
asigna las categorías y la dirección de los servicios, debe ser sustituido por
una organización de tipo sindical, supeditada totalmente a la eficacia y a la
rapidez en el despacho de los asuntos.
Queremos la simplificación de
trámites, la sencillez en el procedimiento, una amplia descentralización
administrativa y la reglamentación de todos los servicios con arreglo a las
normas propuesta por las agrupaciones profesionales de empleados.
Pedimos también la desaparición
del Consejo de Estado, por ser una institución típicamente antidemocrática que
ampara la sustracción de los asuntos de mayor importancia al Parlamento
y confiere validez y autoridad a
los abusos del Poder ejecutivo; pasando parte de sus atribuciones actuales al
nuevo organismo consultivo que ha de sustituir al Senado.
Pedimos también la
revocabilidad y responsabilidad de todos los funcionarios y la declaración
constitucional de que el Estado es responsable subsidiario por las faltas y
transgresiones de los funcionarios públicos en el cometido de sus cargos.
Comunicaciones.
El Partido Republicano R. S.
propugna la creación del Ministerio de Comunicaciones para poder organizar
éstas de una manera eficaz e intensiva dándolas toda la importancia que deben
tener, sin que las tarifas puedan constituir, como en la actualidad, una fuente
de ingresos para el Tesoro, sino la retribución indispensable para la
prestación de un servicio público de carácter esencial a la vida del país en
todos sus órdenes.
Entre las reformas urgentes el
Partido cita: En el ramo de Correos: mejora y modernización de los servicios,
creación del cheque postal, con aplicación para el cobro de las contribuciones
y pago de los haberes a los funcionarios; cobro de efectos de comercio; sus
inscripciones; ampliación de los servicios de la Caja Postal de Ahorros, etc.,
etc.
En el ramo de telecomunicación:
Incautación por el Estado de los servicios telefónicos y dirección y
explotación de los mismos por el personal técnico del Cuerpo de Telégrafos. Nacionalización
de las industrias que suministran material a los servicios de telecomunicación.
Organización de los servicios combinados que aseguren la comunicación rápida
con todos los pueblos de la península.
Legislación obrera y social.
Afirmación del derecho al
producto íntegro del trabajo.
Absoluta libertad de asociación
y sindicación para todos los fines sociales y reconocimiento pleno del derecho a
la huelga.
Fijación de un tipo máximo de
jornada para toda clase de trabajos.
Fijación de salario mínimo en
los mismos. Retribución igual para los trabajadores de uno y otro sexo.
Participación del obrero en la
dirección de las empresas y en el reparto de los beneficios.
Protección legal del trabajo
conforme a las exigencias de la higiene y de la seguridad, bajo la vigilancia de
organismos inspectores provistos por elección, entre los trabajadores.
Establecimiento por el Estado
del seguro en todas sus formas: accidentes, paro, enfermedad y vejez, con
participación del Estado y de los elementos productores. Nacionalización del
seguro en todas sus formas.
Organización del crédito para
todos los trabajadores. Fomento y subvención de las cooperativas de producción,
distribución y consumo.
Creación de laboratorios y
centros de investigación y de comprobación de productos nacionales.
Eliminación de la dilapidación
de energía por medio de métodos colectivos, bajo la inspección del Estado.
El P. R. R. S. estima
que la asistencia social debe figurar entre los derechos constitucionales, declarándose
la obligación del Estado de proporcionar a todos los ciudadanos la posibilidad de
ganarse el sustento mediante un trabajo remunerador y productivo, y cuando
circunstancialmente haya paro, la de atender a su necesario sustento.
Debe ser motivo de nueva
legislación la asistencia a todos los que por cualquier causa sufran invalidez,
quitándole el carácter deprimente de protección y de gracia que domina hoy en
nuestras instituciones de beneficencia, para convertir ésta en una de las obligaciones
primordiales del Estado, sin relación alguna con las órdenes religiosas, que
hoy detentan su administración.
Economía, reforma agraria e impuesto
Nacionalización de la tierra, de
los bosques, de las minas, de aguas y de los ferrocarriles.
El impuesto como un instrumento
de la justicia social, no podrá gravar el trabajo, recayendo en forma progresiva
sobre el capital, la renta y las sucesiones.
Abolición de los impuestos
indirectos, excepción hecha de los que graven artículos de lujo. Nacionalización
del Banco de España.
Supresión de las herencias en
línea colateral en tercer grado.
Control del crédito.
Creación del patrimonio
familiar inembargable.
Transitoriamente: Expropiación inmediata de las tierras sustraídas al cultivo y
su entrega a las organizaciones agrarias.
Prohibición del desahucio de
las tierras por otra causa que no sea la de falta de pago de las rentas, y
continuación forzosa de los contratos de arriendo con los precios actuales.
Instrucción Pública.
Instrucción integral, laica y
gratuita para todos los órdenes y grados, sean o no profesionales, en razón de
las aptitudes comprobadas.
Prohibición de la enseñanza a
las comunidades religiosas.
Sostenimiento y aumentación del
niño a cargo de la nación durante el período de instrucción. Graduación de la
primera enseñanza y creación de todas las escuelas que demande el censo escolar.
Fomento de las instituciones
pro y post-escolares.
Reforma de la segunda
enseñanza, aprovechando las ventajas obtenidas con el Instituto Escuela.
Las Universidades como centros
de capacitación profesional, sin limitarse a la mera expedición de títulos.
Creación de residencias de
Estudiantes.
Desarrollo de la enseñanza
técnicas agrícola y marítima, articulándolas según las necesidades regionales. Urgente
formación de nuevas y numerosas promociones de maestros con remuneración igual
o idéntica proporcionalidad en sus plantillas que los restantes funcionarios
públicos.
Salubridad.
En materia sanitaria el P.
R. R. S. exigirá la dotación conveniente de estos servicios, de
ninguna eficacia hoy por la tacañería con que están atendidos, y recabará que
el personal sea retribuido por el Estado, quitando este capítulo de los
presupuestos municipales, como ya se hizo con el Magisterio, para evitar que
obligación tan importante esté bajo las influencias del caciquismo rural.
Urge, además, por espíritu de humanidad
y por dignidad del país, atender espléndidamente a la lucha contra el paludismo
y la tuberculosis, declarándolos problemas preferentes e imponiendo, si preciso
fuere, los sacrificios necesarios en otros puntos de presupuesto, para llegar a
atajar estos males, cuya proporción entre nosotros constituye una verdadera
vergüenza nacional.
Aspecto también muy importante
de la política sanitaria preconizada por el Partido, ha de ser aquella que
tienda a evitar el espantoso coeficiente que alcanza en nuestro país la
mortalidad infantil.
Estimamos que debe mejorarse igualmente,
la asistencia gratuita médico-farmacéutica y como complemento de la política
sanitaria, fomentar la construcción de casas baratas e higiénicas, intensificar
la repoblación forestal, ampliar las subvenciones concedidas por el Estado en
los suministros de agua en las poblaciones, etc.
Obras públicas.
Además de una escrupulosa
administración y aprovechamiento de los bosques, aguas, minas y ferrocarriles,
a cuya nacionalización estima debe llegarse lo más rápidamente posible, el P.
R. R. S. incluye en su programa el aprovechamiento de la energía
hidráulica, para ponerla, bajo el control del Estado, al servicio de la nación
y al fomento y conservación de las obras públicas de verdadera utilidad
general, cuidando de separar todas las que tengan un carácter suntuario o
satisfagan intereses puramente locales.
La considerable extensión de
las costas, obliga a dar a lo marítimo toda la importancia que tiene en nuestro
país, y nuestro Partido ha de defender con carácter de urgencia la mejora de
nuestros puertos y su rápida comunicación con el interior, al objeto de poner en
explotación la enorme riqueza pesquera de nuestro litoral.
Otro aspecto de las obras
públicas es el de su adjudicación y en este aspecto, el P. R. R. S. se pronuncia
por que el Estado atienda a su ejecución directamente, sin intermediarios que
trafiquen con las concesiones y obtengan beneficios que pertenecen íntegramente
a la colectividad.
Defensa Nacional.
El Partido R. R. S.
niega la conveniencia del servicio militar obligatorio, que con el tópico de
"la nación en armas" ha venido figurando en los programas de todos
los partidos democráticos, y teniendo presentes las enseñanzas de la gran
guerra, preconiza la formación de un ejército limitado, voluntario y retribuido,
de perfecta capacitación técnica, y provisto de los elementos materiales más
eficaces.
Esta milicia, dotada de
instrucción apropiada, podría dirigir, llegado el momento, los cuadros del
ejército nacional, integrados por todos los ciudadanos útiles, sin otras
excepciones que las fijadas en la ley y que de ninguna manera podría basarse en
privilegios de clase o de fortuna.
Renunciando a todo propósito de
conquista, el P. R. R. S. propugna una marina de guerra dedicada
exclusivamente a la defensa de nuestras costas y provincias insulares. Eventualmente,
el P.
R. R. S. exige una disminución gradual en los gastos del Ejército y
de la Armada, hasta conseguir una exacta proporcionalidad entre las plantillas
de jefes y oficiales y los efectivos de tropa y unidades de escuadra.
